El consejero de Política Social, Mujer e Inmigración, Joaquín Bascuñana, afirmó hoy que después de haber hablado en varias ocasiones con los propietarios, “y a la vista de que la situación sigue siendo la misma, y a pesar del coste humano y económico que supone el traslado de nuestros residentes, no tenemos otra opción que iniciar el cambio de residencia de los mismos porque la Ley no nos permite mantener estas plazas con la actual situación de irregularidad de la residencia”.
Bascuñana aseguró que, para poder mantener el convenio con la residencia Azahar de Archena, la Administración regional no puede incumplir la Ley de Contratos del Estado, que en su artículo 49 prohíbe hacer contrato alguno con cualquier empresa que mantenga una situación de irregularidad con otras administraciones o con la Seguridad Social, como es el caso de esta residencia.
El responsable de Política Social precisó que con la residencia Azahar, “que es privada”, estaban convenidas un total de 50 plazas, que se informó a los propietarios de que había que hacer un nuevo convenio y que incluso se vería la posibilidad de aumentar las plazas concertadas por la Administración, igual que se ha hecho con otras residencias. “Hace ya algunos meses que se comunicó a la empresa esta decisión y que era preciso regularizar su situación para poder volver a firmar un convenio para mantener las plazas concertadas, algo que hasta la fecha no tenemos constancia de que se haya hecho”, explicó.
Respecto a las críticas realizadas por los representantes de los trabajadores sobre la pérdida de puestos de trabajo, Bascuñana señaló que “aunque la responsabilidad de mantener los puestos de trabajo no es de la Comunidad, sino de la empresa”, si finalmente las irregularidades se solucionan y regularizan su situación “estaremos abiertos a poder firmar un nuevo convenio con esta residencia que, vuelvo a insistir, es una residencia privada”.